No es muy conocida la situación de la Educación durante el
tiempo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Es mayor el conocimiento que
se tiene acerca del sistema educativo durante el reinado de Alfonso XII y la
regencia de María Cristina, y de las experiencias pedagógicas llevadas a cabo
durante ese período, pasando de puntillas por la situación de la enseñanza en tiempos de Alfonso XIII para, a
continuación, sumergirse en el apasionante estudio de la educación durante la
II República.
Pero en un recorrido por la educación desde la ley Moyano hasta
nuestros días, no podemos obviar este breve período, ni la influencia de las
medidas que adoptó.
El 13 de septiembre de 1923, con el apoyo de diversos sectores
conservadores y la aquiescencia del rey, dio un golpe de estado suspendiendo la
constitución de 1876 prohibiendo la libertad de prensa, disolviendo el Gobierno
y el Parlamento, e implantando un régimen dictatorial dirigido por un
directorio militar.
Los noventa días, como tiempo necesario para la regeneración del
país, que prometió Primo de Rivera que duraría la dictadura, se convirtieron en
seis años y cuatro meses. La promesa de la brevedad de su mandato y el
desprestigio en que había caído la monarquía de Alfonso XIII, unido a la
proclamación que el militar hiciera de su inspiración en los regeneracionistas
(como Joaquín Costa) y su propósito de la eliminación del caciquismo, hicieron
que la oposición a la dictadura fuera mínima, y contara con la colaboración de
los socialistas.
Pero poco halagüeñas deberían ser las perspectivas para la
educación por parte de un régimen que destacó enseguida por su constante
conflicto con los intelectuales.
Así, las críticas de Miguel de Unamuno al régimen dictatorial le
valieron ser destituido de sus cargos en la Universidad de Salamanca y ser
desterrado a Fuerteventura, y a continuación, varios catedráticos que se
solidarizaron con él, entre quienes se hallaban Luis Jiménez de Asúa y Fernando
de los Ríos, y otros muchos intelectuales, que apoyaron las protestas de los estudiantes
universitarios, protagonizadas por la Federación Universitaria Escolar,
encontraron la respuesta de la dictadura con la expulsión y destierro de varios
de ellos, incluido Antonio María Sbert, el líder del movimiento estudiantil.
En las universidades, el régimen era impopular, y desde su
cátedra, Ramón Menéndez Pidal se oponía a él, como Vicente Blasco Ibáñez, desde
el exilio, y sus seguidores desde Valencia. También Ramón Mª del Valle Inclán,
creador de Alianza Republicana. Se cerraron las universidades de Madrid y
Barcelona, así como varios periódicos.
En contrapartida, contó con el apoyo de la iglesia católica, a
la que la situación política favoreció el aumento de sus apetencias
controladoras, amén de una considerable fuente de ingresos económicos. Así, el
dictador fue considerado, no sólo caudillo salvador de la patria, sino
restaurador y fortalecedor de la monarquía cristiana.
El mundo de la enseñanza fue uno de los pilares de la propuesta
de regeneración social del régimen dictatorial y como consecuencia, la lucha
contra el analfabetismo constituyó una seria preocupación, pues las altas tasas
de analfabetismo existentes no podían permitirse en el nuevo país que el nuevo
régimen pretendía conseguir, y contra las que los gobiernos de la segunda mitad
del siglo XIX habían luchado sin conseguir acabar con ellas.
Hay que reconocer al régimen que, en un principio, demostró su
buena disposición para la creación de nuevas escuelas, dada la gran necesidad
de puestos escolares. Nació el proyecto de creación de grupos escolares
“Marqués de Estella”, llegando a crearse, en tres años, dos mil ochocientas
escuelas que llevaban el nombre de Primo de Rivera, y los presupuestos de
Enseñanza Primaria para el 1927 registraron la necesidad de veintitrés mil
nuevos maestros, para que cada grupo de sesenta niños tuviera uno, habida
cuenta de que España se encontraba a la cola de Europa en cuanto al porcentaje
de maestros en relación a la población.
La escolarización entre 1920 y 1929 se elevó en un 23 %, pero el
esfuerzo resultó quedarse corto, pues mientras que en muchos lugares de la
geografía española surgieron nuevos centros escolares, había muchos otros en
los que no se registraron las construcciones, miles de familias españolas
tenían a sus hijos sin escolarizar, miles de escuelas sin el equipamiento
necesario multitud de opositores durante meses esperando destino.
Las medidas adoptadas resultaron insuficientes. Mientras que en
países como Francia, Alemania o Italia, la normativa de creación de escuelas
fue acompañada del presupuesto para los ladrillos destinados a su construcción
y la dotación de materiales necesarios, en España quedó todo en una declaración
de buenas intenciones, El número de escuelas creadas se hallaba
considerablemente por debajo de las necesidades reales, las que se edificaron
carecían de equipamiento y materiales, y los maestros salidos de las escuelas
normales permanecían a la espera de que les fuera concedida una escuela,
mientras que la designación se retrasaba debido a la criba ideológica impuesta
por la iglesia católica.
La educación, para Primo de Rivera, debía ser religiosa y
patriótica.
Las autoridades civiles acataron las directrices de la jerarquía
católica, incluyendo con carácter obligatorio la enseñanza de la religión en la
escuela y en la enseñanza secundaria. Un decreto de 1924 ordenaba la
destitución de cualquier maestro que enseñara a sus alumnos doctrinas ofensivas
a la religión, y los gobernadores civiles enviaban circulares ordenando a
enseñantes y alumnos a la asistencia a actos de culto y asistencia a misa los
domingos, delegando en los alcaldes la vigilancia del cumplimiento de la orden.
Las solicitudes de creación de escuelas evangélicas fueron
desatendidas y las iglesias católicas vieron aumentadas sus ayudas en concepto
de ayuda por atención de niños pobres, y se ejercieron restricciones contra
centros educativos liberales, las escuelas Normales del Instituto Escuela y la
Escuela Superior del Magisterio.
Los maestros se encontraban descontentos con sus retribuciones,
considerablemente menores que las de otros funcionarios, habiendo quienes
cobraban menos de cinco pesetas diarias en una época en la que el salario
mínimo de los trabajadores industriales oscilaba entre las 6,50 y las 11
pesetas diarias y los braceros entre siete y diez pesetas.
En cuanto a la jubilación, mientras que era obligatoria para los
demás funcionarios a los sesenta y nueve años, para los maestros no lo era
hasta los setenta y dos.
Las reivindicaciones de los maestros iban en la línea de pedir
un solo escalafón para todo el Magisterio, un sueldo equiparable al del resto
de funcionarios, ayuda familiar por hijos y posibilidad de ascenso cada cuatro
o cinco años. Muchas peticiones se centraban en la mejora de la situación
ruinosa y antihigiénica en que se encontraban muchas escuelas.
En cuanto a la Enseñanza Secundaria, el gran acierto fue
considerarla como nivel de transición para otros estudios, es decir, que el
título de bachiller habilitaba para el acceso a los estudios universitarios.
La reforma de la Enseñanza Media planteaba un año de
preparatorio, cuatro cursos para el bachillerato general, y dos años más, con
especialidad de Ciencias o de Letras, para el bachillerato universitario,
incluyendo la religión como enseñanza obligatoria, al contrario de lo
estipulado en la reforma de 1903, donde aparecía como asignatura voluntaria. El
bachillerato universitario debía ser impartido por los catedráticos de
universidad, y no por los de instituto. Se impuso el texto único, al contrario
de lo que estaba establecido hasta entonces, textos elaborados por los
catedráticos de instituto que eran impuestos por ellos a sus alumnos.
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De los 264 centros de bachillerato (204 privados y 60 públicos)
de 1923, se pasó durante la dictadura a 384 (290 privados y 94 públicos). La
reforma de la Enseñanza Secundaria suponía un considerable avance, que habría
resultado un gran paso hacia la modernidad, si no hubiera sido por las
prerrogativas de los centros religiosos, que mantuvieron en sus plantillas un
gran número de profesores de baja cualificación profesional, mucho de ellos que
incluso carecían de la titulación académica adecuada, lo que se traducía en el
bajo nivel de instrucción del alumnado de estos centros.
También a los niveles universitarios llegó la preeminencia del
poder de la iglesia, obteniendo las universidades católicas enormes privilegios
en relación con las universidades públicas e imponiendo a éstas miembros del
clero en los tribunales y propiciando las sanciones a aquellos catedráticos que
se alejasen de la ortodoxia católica.
No fueron admitidas fácilmente estas reformas por parte del
profesorado ni de los estudiantes, encontrando en la lucha estudiantil uno de
sus mayores escollos el régimen dictatorial; quizás lq mayor oposición
registrada a Primo de Rivera fuera la del mundo universitario, y es que la
cultura y la dictadura son dos conceptos que nunca han podido caminar
hermanados. Por ello, los gobiernos totalitarios se han opuesto y se opondrán
siempre a los intelectuales, porque el pensamiento de éstos supone la manera
más eficaz de minar los cimientos de aquéllos.
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