LAS REFORMAS EDUCATIVAS DE PRIMO DE RIVERA

No es muy conocida la situación de la Educación durante el tiempo de la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Es mayor el conocimiento que se tiene acerca del sistema educativo durante el reinado de Alfonso XII y la regencia de María Cristina, y de las experiencias pedagógicas llevadas a cabo durante ese período, pasando de puntillas por la situación de la enseñanza  en tiempos de Alfonso XIII para, a continuación, sumergirse en el apasionante estudio de la educación durante la II República.

Pero en un recorrido por la educación desde la ley Moyano hasta nuestros días, no podemos obviar este breve período, ni la influencia de las medidas que adoptó.

El 13 de septiembre de 1923, con el apoyo de diversos sectores conservadores y la aquiescencia del rey, dio un golpe de estado suspendiendo la constitución de 1876 prohibiendo la libertad de prensa, disolviendo el Gobierno y el Parlamento, e implantando un régimen dictatorial dirigido por un directorio militar.

Los noventa días, como tiempo necesario para la regeneración del país, que prometió Primo de Rivera que duraría la dictadura, se convirtieron en seis años y cuatro meses. La promesa de la brevedad de su mandato y el desprestigio en que había caído la monarquía de Alfonso XIII, unido a la proclamación que el militar hiciera de su inspiración en los regeneracionistas (como Joaquín Costa) y su propósito de la eliminación del caciquismo, hicieron que la oposición a la dictadura fuera mínima, y contara con la colaboración de los socialistas.

Pero poco halagüeñas deberían ser las perspectivas para la educación por parte de un régimen que destacó enseguida por su constante conflicto con los intelectuales.

Así, las críticas de Miguel de Unamuno al régimen dictatorial le valieron ser destituido de sus cargos en la Universidad de Salamanca y ser desterrado a Fuerteventura, y a continuación, varios catedráticos que se solidarizaron con él, entre quienes se hallaban Luis Jiménez de Asúa y Fernando de los Ríos, y otros muchos intelectuales, que apoyaron las protestas de los estudiantes universitarios, protagonizadas por la Federación Universitaria Escolar, encontraron la respuesta de la dictadura con la expulsión y destierro de varios de ellos, incluido Antonio María Sbert, el líder del movimiento estudiantil.

En las universidades, el régimen era impopular, y desde su cátedra, Ramón Menéndez Pidal se oponía a él, como Vicente Blasco Ibáñez, desde el exilio, y sus seguidores desde Valencia. También Ramón Mª del Valle Inclán, creador de Alianza Republicana. Se cerraron las universidades de Madrid y Barcelona, así como varios periódicos.

En contrapartida, contó con el apoyo de la iglesia católica, a la que la situación política favoreció el aumento de sus apetencias controladoras, amén de una considerable fuente de ingresos económicos. Así, el dictador fue considerado, no sólo caudillo salvador de la patria, sino restaurador y fortalecedor de la monarquía cristiana.

El mundo de la enseñanza fue uno de los pilares de la propuesta de regeneración social del régimen dictatorial y como consecuencia, la lucha contra el analfabetismo constituyó una seria preocupación, pues las altas tasas de analfabetismo existentes no podían permitirse en el nuevo país que el nuevo régimen pretendía conseguir, y contra las que los gobiernos de la segunda mitad del siglo XIX habían luchado sin conseguir acabar con ellas.

Hay que reconocer al régimen que, en un principio, demostró su buena disposición para la creación de nuevas escuelas, dada la gran necesidad de puestos escolares. Nació el proyecto de creación de grupos escolares “Marqués de Estella”, llegando a crearse, en tres años, dos mil ochocientas escuelas que llevaban el nombre de Primo de Rivera, y los presupuestos de Enseñanza Primaria para el 1927 registraron la necesidad de veintitrés mil nuevos maestros, para que cada grupo de sesenta niños tuviera uno, habida cuenta de que España se encontraba a la cola de Europa en cuanto al porcentaje de maestros en relación a la población.

La escolarización entre 1920 y 1929 se elevó en un 23 %, pero el esfuerzo resultó quedarse corto, pues mientras que en muchos lugares de la geografía española surgieron nuevos centros escolares, había muchos otros en los que no se registraron las construcciones, miles de familias españolas tenían a sus hijos sin escolarizar, miles de escuelas sin el equipamiento necesario multitud de opositores durante meses esperando destino.

Las medidas adoptadas resultaron insuficientes. Mientras que en países como Francia, Alemania o Italia, la normativa de creación de escuelas fue acompañada del presupuesto para los ladrillos destinados a su construcción y la dotación de materiales necesarios, en España quedó todo en una declaración de buenas intenciones, El número de escuelas creadas se hallaba considerablemente por debajo de las necesidades reales, las que se edificaron carecían de equipamiento y materiales, y los maestros salidos de las escuelas normales permanecían a la espera de que les fuera concedida una escuela, mientras que la designación se retrasaba debido a la criba ideológica impuesta por la iglesia católica.

La educación, para Primo de Rivera, debía ser religiosa y patriótica.

Las autoridades civiles acataron las directrices de la jerarquía católica, incluyendo con carácter obligatorio la enseñanza de la religión en la escuela y en la enseñanza secundaria. Un decreto de 1924 ordenaba la destitución de cualquier maestro que enseñara a sus alumnos doctrinas ofensivas a la religión, y los gobernadores civiles enviaban circulares ordenando a enseñantes y alumnos a la asistencia a actos de culto y asistencia a misa los domingos, delegando en los alcaldes la vigilancia del cumplimiento de la orden.

Las solicitudes de creación de escuelas evangélicas fueron desatendidas y las iglesias católicas vieron aumentadas sus ayudas en concepto de ayuda por atención de niños pobres, y se ejercieron restricciones contra centros educativos liberales, las escuelas Normales del Instituto Escuela y la Escuela Superior del Magisterio.

Los maestros se encontraban descontentos con sus retribuciones, considerablemente menores que las de otros funcionarios, habiendo quienes cobraban menos de cinco pesetas diarias en una época en la que el salario mínimo de los trabajadores industriales oscilaba entre las 6,50 y las 11 pesetas diarias y los braceros entre siete y diez pesetas.

En cuanto a la jubilación, mientras que era obligatoria para los demás funcionarios a los sesenta y nueve años, para los maestros no lo era hasta los setenta y dos.

Las reivindicaciones de los maestros iban en la línea de pedir un solo escalafón para todo el Magisterio, un sueldo equiparable al del resto de funcionarios, ayuda familiar por hijos y posibilidad de ascenso cada cuatro o cinco años. Muchas peticiones se centraban en la mejora de la situación ruinosa y antihigiénica en que se encontraban muchas escuelas.

En cuanto a la Enseñanza Secundaria, el gran acierto fue considerarla como nivel de transición para otros estudios, es decir, que el título de bachiller habilitaba para el acceso a los estudios universitarios.

La reforma de la Enseñanza Media planteaba un año de preparatorio, cuatro cursos para el bachillerato general, y dos años más, con especialidad de Ciencias o de Letras, para el bachillerato universitario, incluyendo la religión como enseñanza obligatoria, al contrario de lo estipulado en la reforma de 1903, donde aparecía como asignatura voluntaria. El bachillerato universitario debía ser impartido por los catedráticos de universidad, y no por los de instituto. Se impuso el texto único, al contrario de lo que estaba establecido hasta entonces, textos elaborados por los catedráticos de instituto que eran impuestos por ellos a sus alumnos.

De los 264 centros de bachillerato (204 privados y 60 públicos) de 1923, se pasó durante la dictadura a 384 (290 privados y 94 públicos). La reforma de la Enseñanza Secundaria suponía un considerable avance, que habría resultado un gran paso hacia la modernidad, si no hubiera sido por las prerrogativas de los centros religiosos, que mantuvieron en sus plantillas un gran número de profesores de baja cualificación profesional, mucho de ellos que incluso carecían de la titulación académica adecuada, lo que se traducía en el bajo nivel de instrucción del alumnado de estos centros.

También a los niveles universitarios llegó la preeminencia del poder de la iglesia, obteniendo las universidades católicas enormes privilegios en relación con las universidades públicas e imponiendo a éstas miembros del clero en los tribunales y propiciando las sanciones a aquellos catedráticos que se alejasen de la ortodoxia católica.

No fueron admitidas fácilmente estas reformas por parte del profesorado ni de los estudiantes, encontrando en la lucha estudiantil uno de sus mayores escollos el régimen dictatorial; quizás lq mayor oposición registrada a Primo de Rivera fuera la del mundo universitario, y es que la cultura y la dictadura son dos conceptos que nunca han podido caminar hermanados. Por ello, los gobiernos totalitarios se han opuesto y se opondrán siempre a los intelectuales, porque el pensamiento de éstos supone la manera más eficaz de minar los cimientos de aquéllos.